Los socialistas presentan una moción en este Pleno municipal para que las personas que padecen estas enfermedades puedan evitar las largas esperas en los servicios de Urgencia de Atención Primaria y Especializada
Abril 2018. El Grupo Socialista en Ayuntamiento de Los Realejos ha presentado una moción al próximo Pleno municipal en la que insta al Gobierno de Canarias a que cree la Tarjeta Sanitaria AA (Tarjeta Sanitaria de Acompañamiento y Accesibilidad) para los niños con TEA (Trastornos del Espectro Autista), personas con Alzheimer y con parálisis cerebral, con el objetivo de que puedan evitar las “largas esperas” en los servicios de Urgencia tanto de Atención Primaria como Especializada.
Esta moción socialista, tiene como objetivo favorecer la accesibilidad a determinados servicios básicos sanitarios de los pacientes diagnosticados con necesidad de atención preferente, reduciendo en la medida de lo posible las esperas en las consultas, y permitiendo a los cuidadores el acompañamiento permanente durante la estancia sanitaria.
La propuesta destaca que en Los Realejos existen personas que sufren estas enfermedades, “y se ven afectadas por estas esperas en los centros de salud que funcionan en el municipio”.
Según la moción socialista, el nerviosismo propio de tener que esperar en las consultas se multiplica en niños con trastornos del espectro autista, en personas con Alzheimer y personas con parálisis cerebral, ya que “no pueden estar quietos, sus estereotipias se acentúan más y se eleva su nivel de frustración y ansiedad”.
Además, resaltan que tanto los padres como cuidadores de estas personas tienen que ir provistos de “un montón de cosas para entretenerlos”, y que son muchos los pacientes “que se quejan y lloran porque están enfermos”, convirtiendo la situación en “estresante para determinadas personas. La consecuencia inmediata es entrar en la consulta en un estado de nerviosismo y ansiedad tal que origina que su colaboración sea nula”.
Desde el Grupo Socialista recuerdan que la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), fue ratificada por España en diciembre de 2007, y que entró en vigor en mayo de 2008. La misma supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
En este sentido, la moción resalta que las personas con discapacidad constituyen un colectivo vulnerable y numeroso el que, por diversas circunstancias, han sufrido impedimentos que los privan del pleno ejercicio de sus derechos, y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, “que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos”.